Califican de antojadiza política de uso justo sobre consumo de datos móviles

La semana pasada el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció una medida llamada “política de uso justo”.

La misma consiste en imponer un límite en la cantidad de datos que consumen los usuarios de Internet móvil postpago.

ICE “castigará” a quienes abusen del Internet móvil postpago

De acuerdo con el ICE, la decisión obedece a la resolución RCS-063-2014 de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), “la cual facilita la equidad en el acceso a los recursos de la red móvil”. Vea aquí dicha resolución.

Sin embargo, ayer por la tarde la Defensoría de los Habitantes, a través del oficio DH-DAEC-0073-2017 solicitó a la Sutel una serie de aclaraciones sobre el tema.

Ente otras, la Defensoría le pide al ente regulador que remita información sobre la base legal y regulación formal del uso de política de uso justo, así como la reglamentación, directrices y acuerdos que haya emitido la Sutel al respecto.

También le pidió la descripción del proceso que siguió la Sutel para la aprobación de dicha política, y los mecanismos de divulgación y consulta a las personas y sectores interesados o afectados por el asunto.

Movistar y claro pueden aplicar política de uso justo

La Defensoría basó su petición al argumentar que “el anuncio de esa política (al igual que en el año 2014 cuando se aplicó por algún tiempo), despierta interrogantes en los usuarios y por tal motivo, ha considerado oportuno pedirle a la Sutel información sobre la aplicación de esta política”.

La medida del ICE pretende establecer un tope en la cantidad de datos consumidos por el cliente y una vez que se sobrepase, se le bajará la velocidad a 128 kbps, según el ICE para evitar que el “consumo excesivo” de ciertos usuarios afecte la calidad de los servicios de otros.

“A partir del 1° de marzo, a cada plan de internet móvil postpago, se le asignará una capacidad de transferencia (carga y descarga) de datos que podrá consumir según su velocidad contratada durante su periodo de facturación mensual. Los clientes kölbi postpago podrán navegar siempre por la red, y una vez superada esta capacidad, continuarán disfrutando del servicio de internet con una velocidad de conexión de hasta 128 kilobits por segundo (kbps) sin costo adicional. La capacidad y velocidad originales se restablecerán al reiniciar el periodo de facturación según el plan contratado”, informó el ICE.

Pero la medida de la entidad ha despertado la molestia de entidades defensoras de los consumidores, que consideran que la decisión del ICE es unilateral, antojadiza y carece de fundamento técnico.

De igual manera la Defensoría quiere que la Sutel les explique la descripción de los fines que persigue esa política y sus fundamentos técnicos. También busca determinar cómo la política está incorporada en los contratos que las empresas operadoras ofrecen a sus usuarios y las estrategias de información y divulgación de los derechos y deberes de los clientes que esa Superintendencia ha desarrollado.

Ahora el ICE tiene 4 días para presentar la documentación, además deberá dar explicaciones sobre el detalle actual del acceso a Internet móvil tanto postpago como prepago y fijo.

Lo consideran un abuso

Varios expertos consultados al respecto, coindicen en que la determinación del ICE solo va a terminar perjudicando a sus clientes y ni siquiera les ofrece la posibilidad de defenderse ante la medida.

“Es un tema que se pone de nuevo a debate, porque en realidad en el contexto regulatorio actual no debiera existir ninguna política que autorice a ningún operador a imponer límite en el consumo de datos porque no ha cambiado el esquema de tarifa plana de velocidad”, explicó Juan Manuel Campos, abogado de Ciber Regulación, experto en regulación de telecomunicaciones.

“Muy probablemente quepa la posibilidad de una impugnación en Tribunales si el tema se mantiene como tal en los efectos que quieren mantenerlo. No es un asunto nuevo, es recurrente y por varias operadoras, en el que lamentablemente la situación coyuntural que se está dando es otra, porque en el tanto no cambie el esquema tarifario actual, no se pude cambiar por vía de una resolución unilateral”, agregó.

Explicó que el esquema en el país responde a velocidad contratada y no por cantidad de datos consumidos o capacidad de consumo. “Si la situación se cambia unilateralmente, la única vía que tiene el regulador de cambiarla es que varíe el esquema tarifario y este no ha variado. No se puede, por vía de una resolución interpretativa, cambiar un esquema que requiere de consulta pública, porque esa resolución no recibió una consulta pública”, afirma Campos.

Por su parte, Rogelio Fernández, Director Legal de la Asociación de Consumidores Libres (ACL), también coincide con Campos. “Contratamos con los operadores un contrato de adhesión y que ahora vengan y nos digan unilateralmente el uso de esta resolución de Sutel, que nos dice que las condiciones son otras, no lo aceptamos, no es bueno para los consumidores y hay un contrato de por medio; están perjudicando al consumidor”, considera Fernández.

Desde el punto de vista contractual, “lo que el operador está haciendo es: se lo voy a cambiar porque mi papá, que es Sutel, me dio permiso y puedo hacerlo y en eso no estamos de acuerdo. Va en contra de las obligaciones contractuales que impusieron los mismos operadores y va en contra del uso de los datos y de Internet que se ha convertido en un tema crucial para el desarrollo de la humanidad”, dijo el representante de la ACL.

Los usuarios se pueden defender

“Me parece que esto va a terminar en los tribunales, lo van a judicializar indudablemente”, considera Juan Manuel Campos. “Aquí el procedimiento es que en caso de que prospere la medida del ICE, el usuario ponga la queja contra el operador y ante la Sutel”, aunque estima que se hará mediante una acción colectiva y no individual.

Rogelio Fernández, de la ACL, dijo que van a analizar qué acciones van a tomar. Lo que sí dejó claro es que “hay un tema que sí es una manera coercitiva e ilegítima mediante la cual se está obligando a los consumidores a adquirir los nuevos planes o paquetes que ofrecen los operadores, por ahí va el asunto. El mismo contrato en el que no te permiten participar lo hacen ellos, lo cambian cuando les da la gana y en el fondo obligan a comprar más, eso es lo que buscan. Todo va dirigido a que los consumidores del servicio -si desea mantener las velocidades y el acceso de datos con el uso normal y la tecnología normal- te obliguen a comprar más”.

“Es una forma coercitiva, abusiva e ilegítima usando el aval de la Sutel, si esto evoluciona, inclusive podríamos hacer una acción colectiva contra el Estado y defender los interés colectivos de la ciudadanía”, concluyó Fernández.