Gobierno acelera para concluir acueducto en Guanacaste, mientras oposición continúa

A la administración de Luis Guillermo Solís le faltan 4 meses para concluir su periodo. Con ese poco tiempo restante, no logra apagar una brasa en Carrillo de Guanacaste; donde la defensa del agua y la oposición a un polémico acueducto se mantiene. La semana pasada se reanudó la ampliación del cuestionado acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal.

En noviembre del 2017 grupos comunales chocaron con la policía y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuando comenzaron las labores. Tras actos de violencia y reclamos en ambos bandos, hubo diálogo. El Gobierno suspendió los trabajos durante fin y principio de año como señal de buena fe.

Pero la construcción reinició el pasado miércoles 3 de enero. Los opositores denuncian que se rompió la tregua, mientras el Gobierno avisa que no se detendrá, pues no encuentran razones legales para hacerlo. El próximo 11 de enero habrá una nueva reunión entre las partes.

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Eunice Contreras, del Comité Pro Defensa del Agua de Sardinal, mantiene las dudas en torno al proyecto y sus alcances para extraer agua de Sardinal y llevarla a playas del Coco y Ocotal. La líder comunal insistió que no se oponen al desarrollo, sino que piden más estudios sobre el estado del recurso hídrico y el riesgo de que se pueda salinizar.

El ministro de Comunicación Mauricio Herrera ha funcionado como el enlace del Poder Ejecutivo, junto con la presidenta del AyA, Yamileth Astorga, luego de las diferencias. El jerarca reiteró que las obras cumplen con toda la legalidad. El AyA realizó una licitación abreviada para contratar empresas para la ampliación, que se realiza en 3 componentes.

1. Tanque de almacenamiento El Coco: contrato con el Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL por ¢479,6 millones
2. Tuberías de impulsión y distribución: contrato con la empresa Proyectos Turbina S.A. por ¢527,8 millones
3. Campo de pozos 2, Sardinal: aún no se adjudica. Costo: ¢861,2 millones

Así el total a invertir es de más de ¢1.868 millones. En mayo del 2016, la Contraloría General de la República frenó una contratación directa para realizar la obra. En ese momento era por ¢1.500 millones. El AyA entonces recurrió a realizarlo por etapas y el costo se elevó en más de ¢300 millones. El Gobierno confía en terminar la ampliación en abril.

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AyA asegura que no habrá atrasos en acueducto de Sardinal

La enorme mayoría de las comunidades, habitantes y grupos organizados del distrito de Sardinal necesitan y apoyan la construcción del acueducto. Así lo manifiestan espontáneamente los habitantes organizados en Asadas, Asociaciones de Desarrollo y otras organizaciones sociales. El malestar se limita a un limitado grupo de personas organizadas en torno a un Comité ‘por defensa del agua', en el centro de Sardinal, aseguró el Ministro Herrera a este medio.

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Permiso ambiental y más reclamos

Gadi Amit, de Confraternidad Guanacasteca, aseguró que en la reunión con el Gobierno en diciembre hubo un compromiso para detener las obras y aclarar dudas. El líder comunal no cree que haya una garantía de que el agua irá a hogares de la comunidad, sino a hoteles y desarrollos inmobiliarios en una zona turística.

Por eso los grupos opuestos piden más estudios, sobre todo la evaluación de viabilidad ambiental (EIA). El proyecto, que ha enfrentado un tortuoso camino por más de una década, arrancó sin estudios en el 2006. Se han cambiado y agregado obras, desde detalles en tuberías hasta los tanques. Por eso los vecinos piden que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) haga un nuevo y completo análisis que corrija vacíos.

La construcción inició con la empresa privada Coco Water, que lucró con el agua y cobró a desarrolladores miles de dólares por adelantado para tener una carta de disponibilidad del líquido. Luego se pasó a un fideicomiso, que aún hoy sigue sin ser contabilizado. El AyA acudió a una cesión de derechos para mantener el permiso ambiental, en esta nueva etapa.

Amit sostiene que es insuficiente y reclama por el traslado de información, ante los cuestionamientos que tienen. También piden la lista de usuarios en El Coco, que se verían beneficiados por el agua, para saber si son habitantes. Esto porque en la zona hay – según Confraternidad – alrededor de 1.500 conexiones ilegales. Igualmente critican la cantidad de agua que extraerá el nuevo acueducto: 70 litros por segundo.

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Gobierno defiende estudios

Mauricio Herrera insistió que el plan cumple todos los requisitos legales. Defendió que el AyA ha buscado explicar y exponer lo hecho durante los últimos 3 años. Sin embargo en noviembre del 2017, Yamileth Astorga dijo a CRHoy.com que el proyecto nunca fue prioritario durante los primeros 3 años de su administración.

El AyA desarrolla obras de ampliación del acueducto existente en Sardinal para llevar agua a barrios de esa comunidad que no tenían agua. En frecuentes ocasiones algunos vecinos no son los propietarios legales del lote donde viven y eso ha dificultado al AyA hacer las conexiones. Lamentablemente el comité opositor al acueducto no ha querido participar en los diálogos con la comunidad y se ha negado a recibir la información técnica y científica que sustenta el proyecto, dijo Herrera.

El AyA ha reiterado que el Comité Técnico Interinstitucional, compuesto por AyA, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Universidad de Costa Rica y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), han estudiado y determinado que el acuífero Sardinal es saludable incluso en tiempos de sequía. De acuerdo con el Instituto se mantiene el tamaño de la tubería instalada en ese momento, que transportará los 70 L/s.

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Defensoría investiga

La semana del 12 de diciembre, la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano visitó la zona. Ante el conflicto y una denuncia interpuesta en la Defensoría por la validez de los estudios técnicos, Solano le pidió información al AyA el 21 de diciembre.

Consideran que se carece de medidas reales de control de las extracciones, y que se corre el riesgo de que se repita lo ocurrido en Playa Panamá, donde se produjo un grave daño al acuífero por sobre explotación a falta de planificación y control (…) considera que no existen planes de emergencia y mitigación para aplicar cuando se produzcan situaciones como un nuevo fenómeno del Niño, mencionó la Defensora en sus consultas al AyA.

Anteriormente la Defensoría ya había hecho preguntas sobre los estudios, la viabilidad ambiental y también el fideicomiso que sigue latente en este añejo proyecto. El AyA respondió a esa consulta. Por el momento el ente defensor no se ha pronunciado.

La ampliación del acueducto del Coco-Sardinal-Ocotal tiene más de 10 años de un complejo proceso sin que se haya terminado. Tuvo omisiones e irregularidades, señaladas por la Contraloría, la Defensoría y la Sala Constitucional. Cambió de forma a un fideicomiso, que también es polémico.

Un propio Informe de Auditoría del AyA señaló que se dio una venta de agua, para los privados que han recolectado $9 millones gracias a una alianza que permitió el Instituto.

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