Gobierno impulsa proyecto de seguridad alimentaria con orientación socialista
El trámite legislativo del proyecto 20.076 “Ley marco del derecho humano a la alimentación y de la seguridad alimentaria y nutricional” despertó una fuerte oposición de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) y otros gremios empresariales pues, en opinión de estos, incluye un fuerte componente ideológico que pondría en jaque la seguridad jurídica de los productores nacionales.
El proyecto plantea la creación de una estructura de “comités ciudadanos de control” a nivel municipal, a los cuales se les delega funciones que hoy están reservadas a instituciones nacionales, como el Servicio Fitosanitario, el Servicio Nacional de Salud Animal o el Ministerio de Salud.
“La seguridad alimentaria es un concepto con el que uno puede estar de acuerdo; pero cuando uno ve el proyecto de ley -a pesar de tener na buena intención- contiene una serie de barbaridades (…) hay una gran orientación al modelo socialista. A través de estructuras comunales se delegan potestades que hoy en día son de exclusiva aplicación por parte de las entidades creadas para esos temas”, dijo Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de Cacia.
En su opinión hay modelos políticos, como el venezolano o el cubano, en los cuales hay tendencia a delegar en estructuras ciudadanas las políticas públicas que deberían estar en control de las instituciones del Estado. Consideró que replicarlos en el país crearía incertidumbre legal para las empresas productoras de alimentos.
“Los comités ciudadanos de control estarían conformados por grupos particulares, asociaciones, ONG, que puede incluir a ambientalistas extremos y grupos antitransgénicos, etc, a los que se les da una función de control de la producción. Eso nos preocupa, la seguridad jurídica de una empresa puede estar en manos de ONG y grupos organizados”, dijo.
Montero opina que el tema se define tan ampliamente en el proyecto, que si una persona cree que su alimentación se está viendo afectada, puede demandar con apoyo de estos comités, lo que violaría el derecho de libertad personal y libre empresa consagrado en la Constitución Política.
“Definirían qué se produce, cuánto se produce, los mecanismos de producción y las cuotas de importación y exportación; darían lineamientos de publicidad, promoción y de comercialización. Además se les crea funciones a las municipales, para que vigilen inocuidad, etiquetado, producción y verificación, que van a obedecer a grupos comunales”, agregó.
Proyecto buscar dar rol intervencionista al Estado
Preocupa seguridad jurídica
Para Montero, la delegación de tantos temas en 82 comités no homologados entre sí, es “muy peligroso” para la seguridad jurídica del productor y el comerciante.
“Las municipalidades no tienen infraestructura, no tiene personal, no tienen instrumentos. Los comités pueden obedecer a intereses particulares o ideológicos. Los funcionarios municipales tendrían un rango de policía que puede obstruir la producción y una intromisión en la propiedad privada”, comentó.
Además, la industria cuestiona que a la fecha, los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios no han consultado el texto al Ministerio de Comercio Exterior, ni a la Procuraduría General de la República, siendo órganos pertinentes en materia jurídica.
Montero opinó que si la idea es incentivar la producción familiar y la agricultura orgánica, se deben vincular la agricultura familiar a las instituciones locales, pero no mediante nuevas estructuras u otorgando nuevas funciones a entidades como el CNP.
La semana anterior, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep) se manifestó en contra del proyecto por considerarlo intervencionista.
