Reducir pago de intereses de la deuda reta al nuevo Gobierno

(CRHoy.com).- El presidente electo, Rodrigo Chaves Robles, se comprometió a reducir el gasto del Gobierno Central en el pago de intereses de la deuda pública.

En su Plan de Gobierno, el ganador de la segunda ronda por la Presidencia de la República prometió buscar un acercamiento con los acreedores del Gobierno Central para lograr una reducción sustantiva del gasto en intereses.

La medida forma parte del conjunto de acciones que planteó Chaves para reducir el gasto público innecesario. En sus promesas de campaña, sin embargo, Chaves no desarrolló específicamente cuáles resultados esperaría obtener al negociar con los acreedores de la deuda del Gobierno Central. 

Una de las ventajas con las que toparía para acercarse a ese objetivo es que la mayoría de la deuda pública es interna y sus tenedores son instituciones públicas, en un amplio porcentaje. 

El tema del endeudamiento público afecta el gasto del Gobierno. Una de las cámaras empresariales más importantes del país, la de la Construcción (CCC), citó entre sus principales peticiones al presidente electo que logre la reducción y la eficiencia en el gasto público y un mayor control de la deuda. No es para menos. El pago de intereses de la deuda pública es el principal gasto del Gobierno Central.

A noviembre del año pasado, el Ministerio de Hacienda reportó un pago por concepto de intereses por el orden de los ¢1.725.349 millones (¢1,7 billones), equivalentes a un 4,4% del producto interno bruto (PIB). El monto fue el más elevado de los últimos 15 años. 

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Incremento dramático

Durante el 2021, el pago de los intereses de ese endeudamiento se incrementó de manera dramática y el panorama no es mejor para el 2022.

Al 2021, la deuda pública cerró en $42.436 millones, un 70,3% del PIB. Al tipo de cambio actual, la deuda total asciende a ¢27,2 millones de millones.

Casi un 25% del total de la deuda del país se negoció a tasa de interés variable. Del total de la deuda, un 40% se tendrá que pagar en un plazo de entre uno y cinco años. Un 8,8% de la deuda vencerá en un plazo menor a un año.

Así, Rodrigo Chaves heredará del gobierno actual una brasa en materia de deuda. Pero no todo son malas noticias.

El Ministerio de Hacienda confirmó que el nuevo gobierno empezará labores con un superávit primario de un 1,3% del PIB, cerca de ¢400.000 millones. 

Las actuales autoridades hacendarias han dicho que los recursos del superávit se utilizarán para amortizar la deuda pública.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) encontró que el actual gobierno ha cumplido los términos del acuerdo para reducir sus gastos y mejorar sus ingresos, por lo que es previsible que la futura administración goce pronto de un nuevo desembolso del crédito ampliado por $1.778 millones.

 

Otras acciones para reducir el gasto público

Rodrigo Chaves prometió en su Plan de Gobierno reducir otros rubros del gasto público.

Para ello, propuso seguir algunas recomendaciones que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) le ha hecho al país.

Entres estas citó:

• Asegurarse de que la reforma fiscal (del 2018) se implemente plenamente y sin excepciones.
• Establecer pautas claras para la aplicación de la regla fiscal. 
• Eliminar las exenciones fiscales que benefician a los contribuyentes más ricos. 
• Permitir que todas las categorías de gastos puedan ajustarse cuando la deuda pública exceda el 50% del PIB. 
• Adoptar una escala salarial única, racionalizar los sistemas de incentivos y hacer que se basen en el desempeño. 

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Además de renegociar la deuda pública para reducir el pago de intereses, el presidente electo también se comprometió a:

• Reducir el costo de los alquileres que paga el Estado para ahorrar entre un 1o% y un 15% de lo que se paga hoy. 
• Eliminar las pensiones de lujo con cargo al presupuesto. 
• Utilizar obligatoriamente el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en todas las instituciones públicas. 
• Analizar en cuáles instituciones públicas se pueden integrar las funciones administrativas de las entidades adscritas a los ministerios, como Recursos Humanos, departamentos de tecnología e información, comunicación, financiero-contable, proveedurías, servicios generales, entre otros. 
• Eliminar la renegociación de precios en un momento posterior a la presentación y adjudicación en el caso de liquidaciones.