Acosta dice que “no sabe” por qué ejecutivos de empresa asesoraron al gobierno sobre póliza para jerarcas

Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, alegó que desconoce quién invitó a ejecutivos de la empresa reaseguradora One Global en la reunión celebrada en Casa Presidencial el 15 de enero de 2024 con el objetivo de definir las condiciones de la póliza para defender a jerarcas de gobierno ante procesos penales por negligencia en el ejercicio de las funciones.

Así lo dijo el funcionario este jueves, durante una audiencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Acosta, quien encabeza el Ministerio que licitó la contratación de la póliza a través del Sistema Integrado de Obras Públicas (Sicop), explicó que la cita fue coordinada por el despacho de Stephan Brunner, vicepresidenta de la República. Sin embargo, no supo precisar quién invitó a los ejecutivos y defendió el presunto rol asesor ofrecido en la reunión.

“No sé quién los invitó (…) Yo creo que cuando uno va a diseñar un proyecto o a hacer algo, necesita tener algún tipo de asesoría”, citó el funcionario, ante una consulta efectuada por la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La reunión fue revelada por Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), durante una audiencia celebrada el pasado jueves ante la comisión legislativa que investiga el interés gubernamental para contratar la póliza.

Chacón alegó que 2 representantes de la corredora de reaseguro One Global se “aparecieron” en la reunión. Se trató de Ricardo Retana y Esaú Ramírez. Además de ellos, en el encuentro participaron también el ministro Acosta; Mónica Araya, entonces presidenta ejecutiva del INS; Chacón Fernández, entonces asesora de la presidencia ejecutiva del INS, y el vicepresidente Brunner.

El jerarca de Hacienda tampoco supo precisar si los ejecutivos de One Global cobraron por la asesoría brindada. De paso, confirmó que la empresa no es proveedora de la cartera.

“Le puedo cuál fue la participación en la reunión, no como llegó. Ellos son expertos en correduría de seguros. Reaseguradores son diferentes a aseguradores. Lo que estaban, era mostrando que cosas existen en el mundo (…) Desde el punto de vista nuestro siempre se ha planteado un seguro local”, acotó Acosta, quien dijo que “revisará” las partidas de gasto público para ver si a la empresa se le canceló algún pago.

La diputada Castro consultó al ministro qué hacía una reaseguradora privada asesorando a miembros del gobierno y la respuesta fue contundente. “Es una buena pregunta, no se las sé responder”, indicó Acosta.

Nogui Acosta señala a Brunner como responsable de ordenar pago para ^póliza de la vergüenza^

De paso, el funcionario admitió que “conoce” a Retana (quien ahora representa a otra empresa de seguros) y negó que tengan una relación de amistad. Pero, el ejecutivo figura entre los amigos del ministro en el perfil personal en Facebook.

Los representantes de One Global se encargaron de proponer que el reaseguro asumiera el 95% de la póliza, mientras el 5% recaería en el INS. Dicha sugerencia fue tomada en cuenta por las autoridades de gobierno.

El vicepresidente Brunner confirmó a Noticias Columbia este 14 de enero que la participación de los ejecutivos se dio por invitación del gobierno para “conocer generalidades de la póliza” y alegó un desconocimiento de parte de las autoridades de gobierno sobre el tema. Incluso, fue más allá y justificó que solo se consultara a una reaseguradora (en vez de preguntar a más compañías potencialmente interesadas) por un tema de “cercanía”.

“Nosotros no sabíamos ni qué pólizas había. Nosotros queríamos en el mundo, si esos contratos existían. Cómo funcionaban, cuáles eran los montos. Diay, no sabíamos nada. Entonces, obviamente, este señor (Retana, de One Global) es tico, es representante de una reaseguradora y entonces, dijimos: invitémoslo para que nos explique qué es lo que existe en el mundo de las pólizas de seguro para ver cómo funciona esto”.

El jerarca insistió en que el INS tiene experiencia en pólizas, pero no en pólizas enfocadas en defender a jerarcas de gobierno.

Brunner admite que gobierno invitó a ejecutivos de empresa a cita para definir póliza de jerarcas

Polémica póliza

La contratación de la póliza anual, por más de ¢248 millones, se gestiona en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) por medio del expediente 2024PX-000002-0009100001 y bajo la figura de procedimiento por excepción (fuera del procedimiento ordinario).  Según el Ministerio de Hacienda, es la primera vez que la Administración gestiona una póliza de este tipo y el pago provendrá del Presupuesto Nacional.

El Gobierno alega que “la póliza es necesaria para resguardar las decisiones o acciones a tomar en el país” y para que el Estado cuente con las herramientas para defender sus decisiones, proteger la imagen, el erario y a los jerarcas en la toma de sus decisiones”.

El documento “Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil para Jerarcas (Presidente, Vicepresidente, Ministros Y viceministros)”, en el apartado de especificaciones técnicas y generales, establece los tipos de cobertura que recibirán los jerarcas (mandatario, ministros y viceministros).  Entre los aspectos contemplados, se puntualiza la “cobertura para jerarcas retirados”.  Por ejemplo, si un ministro renuncia o asume otro cargo (en el Estado o en la esfera privada) mantendrá la cobertura siempre y cuando se trate sobre las actuaciones realizadas mientras estuvo en el ejercicio de las funciones gubernamentales.

En la justificación de la contratación de la póliza, el Ministerio Hacienda alegó que es razonable que el Estado pueda dotar de la defensa técnica idónea, de alto nivel, a los jerarcas demandados para que puedan defender sus actuaciones dirigidas a satisfacer no solo el interés público, sino a la ciudadanía”, dice la contratación.

El Ministerio defendió que la contratación se apegó a los análisis técnicos y jurídicos del proceso de contratación administrativa y que su objetivo es asegurar al Estado frente a eventuales pérdidas económicas por posibles procesos judiciales contra jerarcas del Poder Ejecutivo, de manera que no se afecten las arcas públicas para la atención de esos procesos.

La vigencia de esta póliza por ¢248 millones será anual y también incluye las siguientes coberturas:

• Gastos y costas legales de defensa.
• Costos y gastos de emergencia.
• Costos para fianzas.
• Costos para atención de crisis.
• Gastos para relaciones públicas.
• Gastos para proteger la reputación de los asegurados.
• Costos por procesos de extradición.
• Costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles.
• Costos para salud y seguridad ocupacional.
• Privación o confiscación de activos
• Costos de preinvestigación.
• Violaciones ambientales.
• Audiencia derivada de una investigación.
• Administradores no ejecutivos.
• Entre otros.

La póliza por contratar es global y directa para la institución, la cual incluye hasta 65 puestos. Al ser una póliza global con una cobertura de $3.000.000, el monto de la prima se calcula en función de dicha cobertura. La modificación (inclusión o exclusión) de 1 a 65 puestos, no representa ninguna variación, ya que así fue negociado con el mercado internacional, indican las especificaciones técnicas.

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La póliza incluirá actuaciones culposas, cualquier error probado o supuesto, declaración errónea, omisión, todo tipo de actuaciones en el ejercicio de sus funciones que causen perjuicios a terceros, entre otros.

De la póliza se excluirán, según dice la contratación, casos por soborno, lavado de dinero, litigios previos y pendientes, daños corporales o daños materiales a partir de la fecha de vencimiento.

El Ministerio de Hacienda y el INS anunciaron en octubre de 2024 que pausaban la contratación a la espera de un dictamen de viabilidad legal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Contraloría General de la República (CGR) señaló que no es el Estado quien debe pagar la millonaria póliza de responsabilidad civil para el presidente y el gabinete, en caso de condenas legales por sus decisiones o acciones en el ejercicio de sus cargos.