Brunner admite que gobierno invitó a ejecutivos de empresa a cita para definir póliza de jerarcas

Stephan Brunner, vicepresidente de la República, defendió y justificó la participación de 2 ejecutivos de una empresa reaseguradora en la reunión celebrada en Casa Presidencial con el objetivo de definir las condiciones de la póliza para defender a jerarcas de gobierno ante procesos penales por negligencia en el ejercicio de sus funciones.

La existencia de la reunión, desarrollada el lunes 15 de enero de 2024, fue revelada por Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), durante una audiencia celebrada el pasado jueves ante la comisión legislativa que investiga el interés gubernamental para contratar la póliza.

Chacón alegó que 2 representantes de la corredora de reaseguro One Global se “aparecieron” en la reunión. Se trató de Ricardo Retana y Esaú Ramírez. Además de ellos, en el encuentro participaron también Nogui Acosta, ministro de Hacienda; Mónica Araya, entonces presidenta ejecutiva del INS; Chacón Fernández, entonces asesora de la presidencia ejecutiva del INS, y el vicepresidente Brunner.

Los representantes de One Global se encargaron de proponer que el reaseguro asumiera el 95% de la póliza, mientras el 5% recaería en el INS. Esta fue la postura que asumieron el Ministerio de Hacienda y el INS para gestionar la contratación.

Brunner confirmó este 14 de enero a Noticias Columbia que la participación de los ejecutivos de One Global se dio por invitación del gobierno para “conocer generalidades de la póliza” y alegó un desconocimiento de parte de las autoridades de gobierno sobre el tema. Incluso, fue más allá y justificó que solo se consultara a una reaseguradora (en vez de preguntar a más compañías potencialmente interesadas).

El jerarca utilizó un paralelismo con la compra de un vehículo para intentar defender la participación de los ejecutivos en la cita y dio a entender un asunto de cercanía con los representantes de la compañía.

“Si usted quiere comprar un carro y no sabe nada de carros, ¿Qué hace usted? ¿Se reúne con todas las agencias o va a la agencia que le quede más cerca de la casa? ¿A quién le va a preguntar usted? ¿A uno o a todos en conjunto? Diay, usted le pregunta a alguien que conozca de carros eléctricos o a la agencia que venda carros eléctricos más cerca de su casa. Diay, lo que le quede más cómodo. Y ahí, usted va empezando. Pregunta sobre el carro, la autonomía y cómo funciona”, expresó el vicepresidente.

Brunner continuó sosteniendo la justificación bajo estos argumentos. “Lo mismo hicimos nosotros con la póliza. Nosotros no sabíamos ni qué pólizas había. Nosotros queríamos en el mundo, si esos contratos existían. Cómo funcionaban, cuáles eran los montos. Diay, no sabíamos nada. Entonces, obviamente, este señor (Retana, de One Global) es tico, es representante de una reaseguradora y entonces, dijimos: invitémoslo para que nos explique qué es lo que existe en el mundo de las pólizas de seguro para ver cómo funciona esto”.

El jerarca insistió en que el INS tiene experiencia en pólizas, pero no en pólizas enfocadas en defender a jerarcas de gobierno.

“Ellos (INS) muchas respuestas no nos las podían dar. Entonces, necesitábamos a alguien que conociera estas pólizas. Yo no me voy a reunir con todos. Yo me voy a reunir con uno para que me explique. Tampoco le voy a enseñar mi desconocimiento a todos. Yo lo hago con uno y le digo: explíqueme, porque de esto yo no sé nada. Yo nunca he visto una póliza de estas funcionando y él (Retana) nos explicó como funcionaba”, alegó Brunner.

El vicepresidente acotó en la entrevista radial que “se puede ver feo” la participación de los ejecutivos de la reaseguradora en la reunión y dijo que “no hubo mala intención”.

Nosotros tuvimos que hacer todo el esfuerzo para que casi que el mismo INS nos hiciera el favor de conseguir una reaseguradora, porque no es el INS el que nos asegura. El 95% de la póliza es la reaseguradora. El 5% más o menos es el INS, que nos hiciera el favor de vendernos esa póliza, citó el funcionario.

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Contradicciones

Las explicaciones de Brunner contradicen en parte lo dicho el 28 de octubre de 2024, en una conferencia de prensa celebrada junto al ministro Acosta y la presidenta ejecutiva del INS Chacón Fernández.

Ese día el jerarca Acosta alegó que tenían conocimiento de que este tipo de pólizas “existían desde 50 años en el mundo y que se aplicaba en otros países”. Es decir, no es cierto (como lo dijo Brunner en la entrevista radial) que tuvieron un total desconocimiento sobre el tema y que por eso recurrieran a consultar a los ejecutivos de One Global.

La jerarca del INS confirmó ese día que los estudios de riesgo de la póliza se hicieron de “manera conjunta” con los reaseguradores. De paso, reiteró (en contradicción de nuevo con lo expuesto por Brunner) que el instituto “tenía muchos años de vender la póliza” y que desde que se abrió el mercado de seguros en 2009 está inscrita ante la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

La contratación de la póliza anual, por más de ¢248 millones, se gestiona en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) por medio del expediente 2024PX-000002-0009100001 y bajo la figura de procedimiento por excepción (fuera del procedimiento ordinario).  Según el Ministerio de Hacienda, es la primera vez que la Administración gestiona una póliza de este tipo.

El Gobierno alega que “la póliza es necesaria para resguardar las decisiones o acciones a tomar en el país” y para que el Estado cuente con las herramientas para defender sus decisiones, proteger la imagen, el erario público y a los jerarcas en la toma de sus decisiones”.

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El documento “Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil para Jerarcas (Presidente, Vicepresidente, Ministros Y viceministros)”, en el apartado de especificaciones técnicas y generales, establece los tipos de cobertura que recibirán los jerarcas (mandatario, ministros y viceministros).  Entre los aspectos contemplados, se puntualiza la “cobertura para jerarcas retirados”.

Si un ministro renuncia o asume otro cargo (en el Estado o en la esfera privada) mantendrá la cobertura siempre y cuando se trate sobre las actuaciones realizadas mientras estuvo en el ejercicio de las funciones gubernamentales.

En la justificación de la contratación de la póliza, Hacienda alegó que es razonable que el Estado pueda dotar de la defensa técnica idónea, de alto nivel, a los jerarcas demandados para que puedan defender sus actuaciones dirigidas a satisfacer no sólo el interés público sino a la ciudadanía”, dice la contratación.

El ministerio defendió que la contratación se apegó a los análisis técnicos y jurídicos del proceso de contratación administrativa y que su objetivo es asegurar al Estado frente a eventuales pérdidas económicas por posibles procesos judiciales contra jerarcas del Poder Ejecutivo, de manera que no se afecten las arcas públicas para la atención de esos procesos.

La vigencia de esta póliza por ¢248 millones será anual y también incluye las siguientes coberturas:

• Gastos y costas legales de defensa.
• Costos y gastos de emergencia.
• Costos para fianzas.
• Costos para atención de crisis.
• Gastos para relaciones públicas.
• Gastos para proteger la reputación de los asegurados.
• Costos por procesos de extradición.
• Costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles.
•  Costos para salud y seguridad ocupacional.
• Privación o confiscación de activos
• Costos de preinvestigación.
• Violaciones ambientales.
• Audiencia derivada de una investigación.
• Administradores no ejecutivos.

La póliza por contratar es global y directa para la institución, la cual incluye hasta 65 puestos. Al ser una póliza global con una cobertura de $3.000.000, el monto de la prima se calcula en función de dicha cobertura. La modificación (inclusión o exclusión) de 1 a 65 puestos, no representa ninguna variación, ya que así fue negociado con el mercado internacional, indican las especificaciones técnicas.

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La póliza incluirá actuaciones culposas, cualquier error probado o supuesto, declaración errónea, omisión, todo tipo de actuaciones en el ejercicio de sus funciones que causen perjuicios a terceros, entre otros.

De la póliza se excluirán, según dice la contratación, casos por soborno, lavado de dinero, litigios previos y pendientes, daños corporales o daños materiales a partir de la fecha de vencimiento.

El Ministerio de Hacienda y el INS anunciaron el 28 de octubre de 2024 que pausaban la contratación a la espera de un dictamen de viabilidad legal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Contraloría General de la República (CGR) señaló que no es el Estado quien debe pagar la millonaria póliza de responsabilidad civil para el presidente y el gabinete, en caso de condenas legales por sus decisiones o acciones en el ejercicio de sus cargos.

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