Inder se niega a aceptar error del Estado tras ceder terrenos a manos privadas en Gandoca
Uno de los terrenos pertenece al empresario de apellidos Pacheco Dent, empresario cercano al presidente Rodrigo Chaves.

Fotos publicadas por Bloque Verde sobre la denuncia de la tala en Manzanillo. Cortesía/Archivo CRH
El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) se niega a declarar lesividad contra el Estado solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Sala Constitucional, por el otorgamiento de títulos de propiedades ubicadas presuntamente dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo (Regama), en Puerto Viejo de Talamanca, Limón.
Osvaldo Artavia Carballo, presidente ejecutivo de la institución designado por Rodrigo Chaves Robles, alegó este martes en la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que todavía no existe claridad sobre la presencia de bosque en algunos de los terrenos dentro del área en cuestión.
Esta posición fue tomada por el gobierno pese a que la Sala Constitucional, ordenó desde el 10 de setiembre del 2024 al Inder y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), cumplir con varias disposiciones, la principal es tener lista la delimitación de 188 hectáreas de bosque en el Regama para que se ejecute la devolución de terrenos al Estado que forman parte del patrimonio natural.
Iván Vincenti Rojas, procurador general, explicó en el mismo foro legislativo que como parte de las medidas a cumplir antes de que se entregue ese informe, los magistrados dieron una solución temporal para tutelar el refugio, el primero fue señalar a la Municipalidad de Talamanca no otorgar permisos sobre las 20 hectáreas que están sobre la zona marítimo-terrestre.
También que se declare la moratoria del Minae para corta de árboles o aprovechamiento forestal dentro de esa zona y dar participación a la Contraloría General de la República (CGR) para que coadyube en el seguimiento que se le debe dar al cumplimiento de la sentencia.
Finalmente que se le indique al Inder que debe proceder de inmediato a la declaratoria de lesividad que se solicitó por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además señaló que la recomendación de no seguir esa instrucción de los magistrados provino de Juan Carlos Jurado Solórzano, director de la Región de Desarrollo Huetar Caribe del Inder.
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Devolución de terrenos
Los jerarcas comparecieron este martes en la comisión para explicar los motivos por los cuales no se ha avanzado con el proceso de recuperación de las 137 propiedades que están en manos privadas y pertenecen al Estado.
Dichos terrenos fueron otorgados por el entonces llamado Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) vía decreto en 1988, en el gobierno de Óscar Arias Sánchez.
Uno de los bienes fue registrado en 1991 a nombre de la Sociedad Anónima Playa Manzanillo, en la que figura un empresario de apellidos Pacheco Dent.
El inversionista es cercano al presidente Chaves Robles, a quien visitó en su despacho en Zapote en al menos 12 ocasiones desde que asumió el mandato.
Estas visitas a Zapote se dieron meses antes de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) le otorgara permisos de aprovechamiento de bosque para talar árboles en esa finca.
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) autorizó que derribara 23 árboles, pese a que existía una advertencia de la existencia de humedales en esa zona, así como zona boscosa que podría pertenecer al refugio, por lo que de ser así no debían otorgarse los permisos.
Por esa razón, se llevan dos causas penales donde se investigan irregularidades en el otorgamiento de permisos, así como posible tráfico de influencias de Chaves y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra, por las visitas a los despachos de gobierno.
Pese a que existen este y otros antecedentes, como estudios técnicos recientes de 2019 y 2023 sobre la existencia de bosque y humedales en los terrenos cedidos a diferentes personas, el Inder insiste en que no hay claridad para declarar lesividad al Estado con esta acción y así aceptar el error que cometió el Estado al otorgar las tierras.
Desde el 2022 la PGR a través de dos oficios requirió al Inder que realizara las acciones correspondientes para que se declararan lesivas la enajenaciones o adjudicación de propiedades que tenían precisamente cobertura boscosa en sus delimitaciones.
Estimamos que con base a la información técnica que acompañó a esas gestiones se podía acreditar correctamente el origen de las fincas que pertenecían al Regama y que no debieron haber sido enajenadas a título particular porque comprendían o tenían partes que correspondían a patrimonio natural del Estado, dijo Vincenti
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Deberán emitir un decreto
El fallo de Sala en el que se estudió una desobediencia del Minae por incumplir con lo emitido por la Procuraduría, incluso se declaró inconstitucional la falta de atención de esa cartera y los cuestionamientos muy agresivos sobre si la abogacía del Estado tenía las potestades para hacer las peticiones que no fueron atendidas, detalló Vincenti.
La sentencia es muy concreta, lo que dice básicamente la posición de mayoría es que se discute si se ha dado cumplimiento al voto 12746-2109, se constata que el Minae no ha cumplido porque no ha delimitado las zonas boscosas que corresponden y deben ser devueltas al Regama, ese es el resumen, dijo.
Por esa razón se ordenó al ministerio a terminar el estudio y una vez que eso esté listo deberán emitir un decreto ejecutivo donde se dé a conocer la nueva delimitación del refugio, ya no a través de informes o directrices como se hizo anteriormente.
Una vez realizado eso, la PGR debe revisar las acciones legales que correspondan para recuperar aquellas áreas de bosque que estén en manos privadas y que nunca debieron ser trasladadas, porque si son bosques no debieron ser objetivo de ningún tipo de traspaso, añadió.
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El Minae y el Sinac anunciaron la semana pasada que solicitarán aclaraciones tras ser notificados de la resolución de la Sala Constitucional ante la sentencia.
La cartera gubernamental indicó el pasado 10 de enero que ya fueron notificados del fallo del tribunal constitucional dictado el 10 de setiembre de 2024 y que, a partir de esto, solicitarán las aclaraciones “pertinentes” y que una vez que la resolución quede en firme procederá a trabajar con el equipo técnico, robusto y capaz que se tiene preparado, para coordinar, de manera articulada y avanzar con el primer informe que se presentará a la Sala Constitucional, conforme a la fecha que indica la sentencia.
Según la resolución, una vez notificados y firme la resolución, ambas instituciones tendrán 1 mes para elaborar un inventario de los terrenos privados en los que existan áreas de bosque en las zonas aledañas al Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo en cumplimiento con una resolución.
El tribunal estableció en el fallo de setiembre de 2024 que la delimitación exige el levantamiento en un documento formal en el que establezca el perímetro, la ubicación y cuál área es pública y cuál no. En los casos en que alguna parte de las 188 hectáreas sean parte del Regama, sean recuperadas por el Estado.
Los magistrados acogieron la gestión de desobediencia presentada por el activista Marco Levi Virgo, de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), ante la sentencia que ordena la delimitación de las 188 hectáreas de bosque en Gandoca, Manzanillo.
El activista ambiental acudió ante la Sala IV por el incumplimiento de la sentencia 2019-012745.

Franz Tattenbach Capra, ministro del Minae, y Rodrigo Chaves, presidente de la República. Casa Presidencial
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